

España, uno de los destinos migratorios de los rumanos, atraviesa por una grave crisis económica.
La decisión del gobierno español de exigirle un permiso de trabajo a los rumanos recuerda leyes en Francia e Italia contra la etnia romaní. Los sindicatos la critican, pero los partidos que se pronuncian contra la inmigración la aplauden. Los gitanos advierten que "puede caer en malas manos".
Con cerca de 900 mil personas, la rumana es la colonia extranjera más numerosa de España. Aunque España ya era un destino migratorio para los rumanos, durante los '90, ese flujo aumentó con el ingreso de Rumania a la Unión Europea, en 2007.
Al principio, hubo una moratoria que duraría hasta 2014, pero el gobierno español la levantó en 2009, lo cual permitió a los rumanos los mismos derechos de libre tránsito y empleo que a cualquier otro ciudadano europeo.
Legalmente no se permite hacer una distinción étnica, pero se calcula que cerca de la mitad de los rumanos llegados a España durante los últimos años son gitanos, según algunas organizaciones defensoras de los derechos del pueblo gitano en España.
En el decreto que aprobó hace dos semanas, el Consejo de Ministros argumenta que se les exigirá permiso de trabajo a los rumanos para "vincular el flujo de entrada a las necesidades del mercado laboral".
El portavoz del gobierno explicó que con el decreto vuelve a entrar en vigor la moratoria y así se evita "que estas personas caigan en la economía sumergida y sean víctimas de abusos y explotación laboral".
El gobierno de Rumanía calificó la medida como "estrictamente técnica", los partidos antiinmigrantes la aplauden, pero los sindicatos y las organizaciones gitanas advierten que puede ser un instrumento de xenofobia y lograr un efecto contrario al que se anunció.


reso más antiguo de España


















